Sin solución aún para los 241 presos que permanecen en sus instalaciones y acosado por la presión política y judicial, Barack Obama encuentra muy serias dificultades para poder cumplir con su promesa de cerrar la cárcel de Guantánamo, hasta el punto de que puede verse obligado en pocos días a reanudar las comisiones militares implantadas por George Bush y suspendidas desde el primer día de esta Administración.
El plazo de cuatro meses de suspensión de esos controvertidos tribunales especiales vence el 20 de mayo, y, ante la falta de una decisión sobre lo que ocurrirá a partir de ese momento, el juez principal encargado de esas comisiones ha fijado para el día 27 una nueva vista. Eso no implica automáticamente que las comisiones militares vayan a ser restablecidas, pero demuestra hasta qué punto se le han complicado las cosas a Obama en relación con este asunto.
Ayer, la Cámara de Representantes se negó a incluir dentro de la ampliación del presupuesto para las guerras de Irak y Afganistán una partida de 80 millones de dólares que el Gobierno había solicitado para la relocalización de los presos de Guantánamo. "Lo haremos cuando nos presenten un plan claro", advirtió el presidente del Comité de Apropiaciones, el demócrata David Obey.
El Gobierno no tiene ese plan, y los congresistas no quieren correr el riesgo de respaldar a ciegas un cierre que podría acabar con los presos de Guantánamo en cárceles de los Estados donde ellos tienen que ser reelegidos el año que viene.
El desplazamiento de los presos a territorio estadounidense choca con el rechazo frontal de la mayoría de la población, que cree estar en peligro si cuenta en su vecindad con esos supuestos terroristas.
El traslado a territorio estadounidense tampoco resolvería, en todo caso, el problema de qué tratamiento judicial otorgarles a quienes hasta ahora son legalmente combatientes enemigos. El Gobierno no se atreve a presentarlos ante tribunales ordinarios porque teme perder los juicios por falta de pruebas.
La mayoría de las evidencias reunidas contra los detenidos en Guantánamo fueron obtenidas por servicios secretos, que no comparecen como testigos en una vista pública civil, o conseguidas mediante métodos de interrogatorio que el propio Gobierno de Obama ha definido como torturas.
Este asunto puede convertirse en la primera victoria de los republicanos desde que están en la oposición. "Las comisiones militares siguen siendo el lugar apropiado para procesar a estos individuos", ha dicho John McCain. Una de las principales aliadas de Obama en el Capitolio, la senadora Claire McCaskill, ha advertido que "Guantánamo es un enorme problema político que nos va a acabar quemando a todos".
Fuente El País
El plazo de cuatro meses de suspensión de esos controvertidos tribunales especiales vence el 20 de mayo, y, ante la falta de una decisión sobre lo que ocurrirá a partir de ese momento, el juez principal encargado de esas comisiones ha fijado para el día 27 una nueva vista. Eso no implica automáticamente que las comisiones militares vayan a ser restablecidas, pero demuestra hasta qué punto se le han complicado las cosas a Obama en relación con este asunto.
Ayer, la Cámara de Representantes se negó a incluir dentro de la ampliación del presupuesto para las guerras de Irak y Afganistán una partida de 80 millones de dólares que el Gobierno había solicitado para la relocalización de los presos de Guantánamo. "Lo haremos cuando nos presenten un plan claro", advirtió el presidente del Comité de Apropiaciones, el demócrata David Obey.
El Gobierno no tiene ese plan, y los congresistas no quieren correr el riesgo de respaldar a ciegas un cierre que podría acabar con los presos de Guantánamo en cárceles de los Estados donde ellos tienen que ser reelegidos el año que viene.
El desplazamiento de los presos a territorio estadounidense choca con el rechazo frontal de la mayoría de la población, que cree estar en peligro si cuenta en su vecindad con esos supuestos terroristas.
El traslado a territorio estadounidense tampoco resolvería, en todo caso, el problema de qué tratamiento judicial otorgarles a quienes hasta ahora son legalmente combatientes enemigos. El Gobierno no se atreve a presentarlos ante tribunales ordinarios porque teme perder los juicios por falta de pruebas.
La mayoría de las evidencias reunidas contra los detenidos en Guantánamo fueron obtenidas por servicios secretos, que no comparecen como testigos en una vista pública civil, o conseguidas mediante métodos de interrogatorio que el propio Gobierno de Obama ha definido como torturas.
Este asunto puede convertirse en la primera victoria de los republicanos desde que están en la oposición. "Las comisiones militares siguen siendo el lugar apropiado para procesar a estos individuos", ha dicho John McCain. Una de las principales aliadas de Obama en el Capitolio, la senadora Claire McCaskill, ha advertido que "Guantánamo es un enorme problema político que nos va a acabar quemando a todos".
Fuente El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario