Obama reconoce y presupuesta financiamiento ilegal a grupos “anti-chavistas” golpistas en Venezuela

Eva Golinger

Este lunes, 14 de febrero de 2011, el Presidente Barack Obama presentó ante el Congreso estadounidense un presupuesto de 3.7 trillones de dólares para el 2012. Dentro del presupuesto trillonario de Obama, se encuentra un financiamiento especial para los grupos anti-chavistas en Venezuela.
El sumo excesivo de dinero representa el presupuesto anual más alto de toda la historia estadounidense. Dentro del monto total, se encuentran más de 670 mil millones de dólares para el Pentágono y las operaciones militares, cerca de 75 mil millones de dólares para los servicios de inteligencia y 55.7 mil millones de dólares para el Departamento de Estado y la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID).
Por primera vez en estos años, el presupuesto del Departamento de Estado destaca un financiamiento directo de 5 millones de dólares para los grupos anti-chavistas en Venezuela. Específicamente, el documento detalla, “Estos fondos ayudarán fortalecer y apoyar a la sociedad civil venezolana para proteger el espacio democrático. El financiamiento aumentará el acceso a la información objetiva, facilitará el debate pacífica sobre asuntos claves, suministrará apoyo a las instituciones y los procesos democráticos, promoverá la participación ciudadana y reforzará al liderazgo democrático”.
Aunque tal vez suena “bonito” el lenguaje empleado para justificar los millones de dólares para grupos opositores en Venezuela, ese dinero ha funcionado como fuente principal para alimentar la subversión y la desestabilización contra el gobierno de Hugo Chávez. Solamente del 2008 al 2011, el Departamento de Estado canalizó más de 40 millones de dólares a la oposición venezolana, principalmente invirtiendo ese dinero en las campañas electorales contra el Presidente Chávez y la maquinaria mediática para influir sobre la opinión pública venezolana.
El financiamiento solicitado para el 2012 para los grupos anti-chavistas en Venezuela proviene de una división del Departamento de Estado llamada “Fondo de Apoyo Económico”. Sin embargo, no es la única fuente del financiamiento para los sectores opositores en Venezuela. También recibirán entre 1 a 2 millones de dólares de la NED (Fondo Nacional para la Democracia), y varios millones de dólares de otras agencias estadounidenses e internacionales.
FINANCIAMIENTO PROHIBIDO
Llama la atención que este año se divulga públicamente el financiamiento para la oposición venezolana porque en Venezuela ahora existe la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional que prohíbe el financiamiento externo para fines políticos en el país. Entonces, habrá que preguntarse de que manera el Departamento de Estado piensa canalizar esos fondos multimillonarios a los grupos venezolanos, ya que su entrega sería una violación de la ley.
En años anteriores, no se detallaba el financiamiento directo a grupos políticos en Venezuela en el presupuesto anual del Departamento de Estado, porque desde el año 2002, la USAID ha sido el principal canal para estos fondos. No obstante, la oficina no-autorizada de la USAID en Caracas decidió trasladar abruptamente sus operaciones en Venezuela a Estados Unidos el 31 de diciembre de 2010, y desde entonces, el propio Departamento de Estado ha asumido la responsabilidad del financiamiento a la oposición en Venezuela.
En 2012, hay elecciones presidenciales y regionales en Venezuela, razón por lo cual se podría especular que esos 5 millones de dólares forman parte de un financiamiento que están preparando para las campañas de la oposición.
En el presupuesto del Departamento de Estado para el 2012, también se destacan 20 millones de dólares en financiamiento para grupos y organizaciones que trabajan contra la Revolución Cubana.
Según el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, el financiamiento dado a través del Fondo de Apoyo Económico (ESF, por sus siglas en inglés) es para países de “alta importancia estratégica” para Washington. Normalmente los fondos no son autorizados por los gobiernos de esos países, sino que se entregan directamente a grupos y organizaciones políticas que promueven los intereses de Estados Unidos.