La Guerra de los gasoductos, el otro conflicto ucraniano

Daynet Rodríguez Sotomayor

Como trasfondo de la guerra civil en Ucrania, un interesante escenario de reconfiguración de las relaciones internacionales, existen fuertes intereses geoestratégicos y geopolíticos, que como fichas en un juego de ajedrez, están pulsando el conflicto.

Por ejemplo, lo que muchos medios ya llaman la guerra de los gasoductos. Hoy RT cita las declaraciones de un politólogo ruso, Yevgueni Satanovski, sobre el torpedeo constante de EE.UU. y la Unión Europea al gasoducto South Stream, una noticia que en realidad no sorprende a nadie pero sí añade elementos al análisis.

Según el experto, Washington y Bruselas utilizan todas las medidas posibles para obligar a Rusia a mantener el tránsito de gas natural a través de Ucrania y debilitar así sus posiciones. Si Rusia sigue suministrando gas a Europa a través de Ucrania, de manera directa o indirecta el financiamiento correrá a cargo de Moscú, que va a encontrarse desde el punto de vista militar y político en la órbita de Washington y Bruselas.

"El gasoducto Nord Stream funciona y no se puede suspender su tránsito, pero en cambio el South Stream es 'torpedeado' por la Comisión Europea y el Departamento de Estado de EE.UU. de todas las maneras posibles", agrega el analista.

¿Cuáles son los gasoductos "en guerra", para entender un poco el fenómeno? Son básicamente, tres. De un lado, el proyecto Nord Stream, ya concluido, que conecta Alemania y Rusia a través del Mar Báltico y constituye la principal fuente de suministros energéticos hacia Europa. Como resultado, la empresa rusa Gazprom vende el 41% del consumo de gas europeo.

USA Imagen

El presidente estadounidense, Barack Obama, aseguró que la comunidad internacional debe emprender acciones contra Corea del Norte, tras el "irresponsable" ensayo nuclear de este lunes, que representa "una amenaza a la paz y a la seguridad internacional". ¿Estará pensando Obama en una guerra responsable, para frenar la "irresponsabilidad" de Pyonyang?

Obama y el miedo renovado

Por Daynet Rodríguez

Barack Obama y el sistema político norteamericano demuestran cada día que el Yes, we can es una utopía. Es posible cambiar la imagen pero no las esencias. Son muy fáciles las palabras, pero difíciles los hechos. Cuando se trata de Lucha contra el terrorismo, Seguridad nacional, Torturas y Guantánamo, las decisiones del presidente casi siempre han sido una copia de su predecesor en la Casa Blanca. En días recientes, por ejemplo, reinstauró los controvertidos tribunales militares. Y hoy, en un esperado discurso sobre la política para la seguridad de Estados Unidos ha dicho que “Al Qaeda planea activamente atacarnos otra vez”. El miedo renovado, a la usanza de Bush. Es justo decir que Obama ha encontrado más de un obstáculo en el camino para solucionar el espinoso tema del cierre de Guantánamo: el Senado le negó la solicitud de 80 millones de dólares con ese fin, a instancias de su propio partido; y sus aliados en Occidente no han querido aceptar detenidos. El asunto incluso ha creado cismas entre los demócratas, temerosos de que la posible introducción de prisioneros en cárceles estaduales les pase factura en próximas elecciones. Pero el rescate del viejo argumento del miedo a un ataque terrorista, que tanto se usó en los últimos ocho años con probada eficacia en la opinión pública norteamericana, me parece una salida escandalosa. Y nada fortuita: ya Robert Muller, el director del FBI había adelantado en un comunicado difundido ayer que "los presos de Guantánamo representarían un peligro para su país incluso si son trasladados a prisiones de alta seguridad". A eso se suma que precisamente hoy el New York Times divulga un informe del Departamento de Defensa que afirma que uno de cada siete presos liberados ha retomado sus actividades bélicas contra el país en el exterior. El Pentágono, que ha puesto en libertad a 534 prisioneros desde la apertura de la cárcel en 2002, calcula que 74 han vuelto a actividades terroristas, según el diario. ¿Qué es eso sino el apoyo ideal a las palabras del presidente sobre un posible nuevo atentado de Al Qaeda? Aunque haya reiterado su disposición de cerrar Guantánamo, en el intento por distraernos del embrollo y ganar tiempo, Obama ha escogido la peor salida, una tomadura de pelo que ya todos conocemos.

Más información: "Frustran" atentados en Nueva York

EU: impunidad perpetuada

En una votación dividida, de cinco contra cuatro, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó juzgar a dos altos funcionarios de la administración de George W. Bush, el ex procurador general de ese país, John Ashcroft, y el actual director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Robert Mueller, acusados de diseñar una red de reclusión y abuso en contra de sospechosos de terrorismo. El máximo tribunal del vecino país revocó así la decisión de una corte federal de apelaciones en Nueva York que dictaminaba que Mueller y Ashcroft podían ser responsabilizados de los maltratos a los que fueron sometidos cientos de inmigrantes musulmanes –entre ellos el denunciante Javaid Iqbal–, detenidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y posteriormente procesados por violaciones a las leyes migratorias y otros delitos menores, sin que pudiera probarse vínculo alguno con el terrorismo. El propio Iqbal, luego de haber permanecido varios meses en una prisión de Brooklyn, privado de atención médica y sometido a revisiones humillantes y golpizas sistemáticas –según su testimonio–, fue declarado culpable de fraude y finalmente deportado a Pakistán, su país de origen.
La determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos tiene implicaciones escandalosas e inaceptables por cuanto proporciona, en los hechos, una cobertura de impunidad a los posibles autores intelectuales y materiales de crímenes de lesa humanidad, a pesar del reclamo de distintas organizaciones humanitarias internacionales y de amplios sectores de la sociedad estadunidense, y no obstante la sobrada evidencia de gran cantidad de atropellos perpetrados por funcionarios civiles y militares estadunidenses en el contexto de la guerra contra el terrorismo, abusos que difícilmente pudieron haber ocurrido sin el conocimiento y la anuencia de altos funcionarios de la administración Bush.
A lo anterior deben añadirse los recientes enredos declarativos de la presidenta de la Cámara de Representantes en Washington, Nancy Pelosi, quien primero acusó a la Agencia Central de Inteligencia de ocultar al Congreso del vecino país la aplicación de técnicas de tortura a los enemigos combatientes capturados tras las invasiones a Afganistán e Irak, y después reconoció estar enterada de dichas prácticas desde 2003.
Estos hechos, en conjunto, dañan severamente la imagen del sistema de justicia de Estados Unidos, de por sí desvirtuado; exhiben a connotados integrantes de las máximas instancias Judicial y Legislativa de aquella nación como garantes de la impunidad –ya sea por acción o por omisión– y erosionan, a fin de cuentas, la credibilidad del proyecto político de Barack Obama, quien llegó a la Casa Blanca hace casi cuatro meses con la consigna de sanear la vida institucional de Estados Unidos y sacar a ese país de la bancarrota política y moral en que se encuentra como saldo de la desastrosa era Bush.
No puede pasarse por alto, en lo que respecta al fallo judicial mencionado, que la absolución de los funcionarios referidos pudiera resultar, en lo inmediato, conveniente en términos políticos para el propio Obama, pues reduciría las presiones ejercidas por los halcones de Washington, uno de cuyos representantes, el ex vicepresidente Dick Cheney, ha adquirido en los últimos días notoriedad mediática como crítico virulento de la actual administración. Es claro, sin embargo, que si el mandatario estadunidense no encuentra la manera de revertir la sentencia emitida ayer por la Corte Suprema, ésta acabará, más temprano que tarde, por deteriorar la confianza que en él han depositado los electores de la nación vecina, así como amplias franjas de la población mundial.
Ante estas consideraciones, es deseable que el presidente de Estados Unidos entienda que la situación que hoy enfrenta su país no es muy diferente a las que en su momento se vivieron en las naciones sudamericanas en la época posterior a las dictaduras militares; en España, tras el fin de la era franquista, e incluso en nuestro país, después del periodo en que el poder público emprendió una guerra sucia contra oposiciones armadas pero también contra luchadores sociales pacíficos: un periodo en el que los precedentes inmediatos del ejercicio ilegal, criminal y abusivo del poder demandan una investigación a fondo, el esclarecimiento de los crímenes cometidos y el castigo a los responsables.
La Jornada