Por Daynet Rodríguez Sotomayor
¿Será que la derecha continental es incansable? Es la pregunta que me hago ante los más recientes acontecimientos de Ecuador. En sus anhelos por recuperar los espacios perdidos frente a las alternativas populares y democráticas que han ido surgiendo en América Latina, ha recurrido a todo tipo de estrategias, casi siempre combinadas: golpe suave, golpe duro, guerra económica, guerra mediática. Ahora, tras los intentos fallidos en Venezuela y Bolivia, la Revolución Ciudadana de Ecuador, que lidera el presidente Rafael Correa, parece ser el tiro al blanco de turno.
Con la excusa de la eventual promulgación de una Ley de Herencia, y aprovechando la asistencia de Correa a la Cumbre Celac-UE en Bruselas, los poderes económicos y mediáticos han desatado una guerra sicológica con la matriz de opinión de una supuesta afectación de las clases populares y media, pero cuyo objetivo real es el derrocamiento del gobierno ecuatoriano.
Para entender un poco el fenómeno, la Ley de Herencia es una propuesta de un nuevo impuesto a las herencias impulsada por el Ejecutivo y que busca, esencialmente, redistribuir la riqueza. Se trata de una actualización al cálculo de impuestos, que en el país andino no se hacía desde 1927, cuando entró en vigor la norma que actualmente los regula, y contempla mecanismos para evitar la evasión fiscal.
“La propuesta de Ley de Herencias no afectará a los pequeños patrimonios familiares o de la economía popular y solidaria, sino que busca democratizar la propiedad en Ecuador”, ha dicho el presidente Correa.
Y ha insistido además, en que la nueva Ley no tiene un fin recaudador y solo afectará a menos del 2% del total de la población.
Sin embargo, ha sido el pretexto ideal para generar el clima de desestabilización en las calles contra el Gobierno de la Revolución Ciudadana, atizado por el persistente bombardeo mediático.
Si se buscan las páginas de opinión de los principales diarios ecuatorianos, como El Comercio y La Hora, se encontrará más de un editorial que intenta legitimar "el descontento social expresado en las calles", y minimizar la denuncia gubernamental de una estrategia concertada de la derecha nacional e internacional para derrocarlo.
El tratamiento mediático va desde el análisis de conceptos como Tiranía, y la invitación a que se busquen paralelos con la hora actual ecuatoriana, melodramas de lo que se vive en las protestas y que tiran de resortes sentimentales, hasta la criminalización de las contramarchas, a las que se acusa de no ser "una forma de ejercicio de un derecho ciudadano a salir a las calles, sino una nueva y perversa forma de represión".
Entre toda esa avalancha es bueno encontrar una opinión disidente. El Telégrado en su editorial de hoy ¿Cómo se redistribuye la riqueza en un país desigual?, apunta en el centro de la cuestión: "Han ganado mucha plata y acusan al Gobierno de comunista. Lucen sus mejores prendas y hablan de un supuesto empobrecimiento. Son los mismos que en 1999 movilizaron a ciertas autoridades porque no querían que sus bancos sean cerrados, intervenidos o, por lo menos, regulados por el Estado tras el uso indebido del dinero de los ahorristas. En definitiva, son todos aquellos que sienten que su riqueza es intocable, por más que se la construya en un marco social de desigualdades, inequidades y pobreza".
Y agrega El Telégrafo: "las élites económicas ecuatorianas, además de eso, nos quieren hacer sentir culpables de su situación, de su supuesto empobrecimiento. Por lo visto, nos involucran en el drama del que es culpable un modelo político que intenta redistribuir la riqueza, acabar con esa brecha enorme entre ricos y pobres, para construir una sociedad de propietarios y no solo de grupos minúsculos de empresarios y una gran masa de empleados y desempleados. Para ello aluden a valores como la familia y la heredad y olvidan que si hubiesen pensado en las familias no tendríamos esa masa de exiliados que provocó el feriado bancario y la crisis financiera de la década del noventa".
Por ahora, la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa al frente, continúa defendiéndose: al regreso del presidente desde Bruselas se han convocado grandes contramarchas, esas mismas que tanto teme la oposición, mientras en las redes sociales la etiqueta #YoDefiendoMiRevolución cobra cada vez más presencia.
Y el contexto latinoamericano ya no es el mismo. Por ejemplo, este propio lunes la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) advirtió que dicha organización "se opondrá firmemente a los actos de violencia que se han producido recientemente en Ecuador, convocados por grupos oligarcas, políticos de la extrema derecha y élites de los grandes medios de comunicación", que intentan desestabilizar el Gobierno de Rafael Correa.
De su parte, la contrarrevolución ecuatoriana no se conforma con la derrota del 30 de septiembre de 2010 y ha demostrado que no aceptará convivir en democracia con un gobierno que afecta directamente sus intereses y busca redistribuir la riqueza para las grandes mayorías.
La tradicional pelea de clases en una revolución, en pleno siglo XXI, sigue servida.
