Responsabilizar a los altos oficiales

Por David Cole (The New York Times)

El anuncio que el Fiscal General Holder ha nombrado a un fiscal independiente para cumplir la tarea de investigar a los interrogadores de los CIA y a los contratistas independientes que empleó la agencia es un buen primer paso hacia la rendición de cuentas, pero no es suficiente.
Investigar solamente a los interrogadores y no a quienes cometieron el “pecado original” - los que autorizaron a la CIA a utilizar brutales y crueles torturas- es sustituir a los chivos expiatorios por la verdadera rendición de cuentas.
Necesitamos una investigación exhaustiva que no se limita a procesar a los débiles, debido a consideraciones políticas, pero incluya a esos en la cadena de mando que son los responsables de lanzarnos en el camino de la tortura.
Cheney, Ashcroft, Gonzales y Rice comparten, aún más que los interrogadores, la responsabilidad de la brutalidad de la CIA.
Particularmente, necesitan investigar a los abogados del Departamento de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia quienes tergiversaron la ley para autorizar precisamente lo que ella prohíbe. Abogados en esa oficina, incluyendo John Yoo, Jay Bybee y Steven Bradbury, redactaron una serie de opiniones jurídicas entre el 2002 y 2005 malinterpretando la ley con el único y exclusivo propósito de darle luz verde a la CIA para torturar a los presos, incluyendo la autorización para tirarlos violantemente contra las paredes, desnudarlos, obligarlos a ponerse en posiciones dolorosas durante horas, y el submarino.
Los abogados del Departamento de Justicia tienen la obligación de decirle a la CIA que ese tipo de táctica es ilegal. Sin embargo, conspiraron para racionalizarlas a través de las distorsiones sesgada de la ley, el lenguaje y la lógica.
Una investigación justa debe incluir también a los funcionarios del gabinete de Bush, que aprobaron personalmente estas tácticas, incluyendo al vicepresidente Dick Cheney, el Fiscal General John Ashcroft, el consejero legal de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, y la asesora de seguridad nacional, Condoleezza Rice. Todos ellos siguen poseyendo gran alcance y fuertes conexiones, pero eso no los debe inmunizar de una investigación completa relacionado con el papel que jugaron en la caída vergonzosa de los Estados Unidos hacia la tortura.
Aún no sabemos si ellos debiesen ser procesados penales, pero no cabe duda que se debe hacer una investigación completamente y que esos oficiales son igualmente, si no más, responsable del uso de la tortura por la CIA que los interrogadores. ¿Si solamente estamos dispuesto a exigirle un rendimiento de cuentas a los que no tienen poder política, que nos queda del reino de la derecho?