Por Diego Manuel Vidal
Todo cierra. La accidentada sesión del martes en el Senado brasileño, en la cual se aprobó la reforma que arrasó con los derechos laborales, tuvo su correlato hoy con la condena a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero que el juez Sergio Moro impuso contra Lula Da Silva.
Si bien esta sentencia no lo inhabilita, aún, para presentarse como candidato en las próximas elecciones (donde todas las encuestas lo dan como favorito, el ex presidente se ha convertido en el principal objetivo del verdadero poder en Brasil que busca evitar su retorno al Palacio del Planalto.
Sin pruebas concretas y sólo con la delación premiada de uno de los empresarios constructores, detenido por la causa conocida como Lavajato, Moro decidió aplicar la punición contra Lula en un proceso altamente cuestionado y con visos de enemistad manifiesta del magistrado hacia el acusado. No sólo negó el derecho a que se grabara cuando Da Silva declaró en el proceso, también rechazó una serie de pruebas que demostrarían la falsedad de la imputación por haber recibido un departamento como parte de un soborno de la empresa OAS, involucrada ésta en la investigación por contratos fraudulentos con Petrobras. Jamás esa propiedad estuvo a nombre de Lula, su fallecida mujer o cualquier integrante de su familia, sino que además todo el edificio está intervenido por la Caja Económica Federal que reclama deudas de la constructora, por cual nunca podría cederse el dominio del inmueble.
Golpe a golpe
Es evidente que el golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff con acusaciones falsas y colocó a Michel Temer en el poder, se resquebraja por la grave crisis económica que atraviesa Brasil desde hace más de un año y se profundiza con cada medida tomada por su gobierno. La actividad comercial decrece, caen las exportaciones y la desocupación alcanza a más de 14 millones de personas con un 13% de desempleo, cifra que duplica a las registradas durante las administraciones del Partido de los Trabajadores (PT).
